¿El planeta Tierra es capaz de aguantarlo todo? Pues posiblemente no y según advierten los expertos, puede que ya estemos, a nivel climático, en un punto de no retorno. De ahí nace la fiscalidad ambiental o lo que es lo mismo, pagar con contaminar.
Ante la emergencia climática a la que se enfrente la Tierra a causa del calentamiento global y la contaminación producida por la actividad humana, pagar por contaminar es lo mínimo. Así funciona la fiscalidad ambiental.
Hace algo más de 100 años se implantaron los impuestos pigouvianos, llamados así en honor del economista británico Arthur Pigou. Se trata de impuestos que intentan lograr que el costo marginal privado, que es lo que le cuesta producir al productor) más el impuesto correspondiente, sea igual al costo marginal social (lo que le cuesta a la sociedad que el productor produzca). Ahora, un siglo después estos postulados han inspirado algunos esquemas de la fiscalidad indirecta, especialmente en el contexto de la crisis climática que empieza a afectarnos a nivel global y de transición ecológica.
¿Qué podemos entender por fiscalidad verde?
Se trata de una fiscalidad que grava determinadas conductas empresariales que perjudican la sostenibilidad ambiental. Por ponerlo más claro, la fiscalidad verde graba todo lo relacionado con la contaminación atmosférica, la generación o la mala gestión de residuos, la no conservación del suelo, la sobreexplotación de los recursos naturales, la ineficiencia energética o los vertidos de agua, como hechos más habituales y nocivos.
Entonces, ante estas situaciones, la ley obligara a pagar y realizar ciertos trámites, así como cumplimentar los modelos, ya que se trata de una fuente de información estratégica en el control fiscal.
Con ello se pretenden diversas finalidades:
–Recaudar dinero que va a parar a los gastos públicos. Empiezan a pagar más aquellas empresas y ciudadanía que no está alineada con los compromisos ambientales y por lo tanto, no contribuyen de forma positiva a la transición ecológica, tan necesaria en este momento crucial para el medio ambiente.
– Obligar a la ciudanía y empresas a asumir los costes sociales del impacto ambiental que ocasionan. Así, se reducirán las cantidades producidas o consumidas que van en perjuicio de la naturaleza e incluso del propio ser humano. En muchas ocasiones ese proceder obliga a disminuir intercambios que de otra forma serían ventajosos para la sociedad y sin embargo, ahora van en su contra.
La otra cara de la moneda, las alternativas más benévolas
Se trata de todo un reto, pero al final, eliminar o reducir el impacto negativo de las actividades empresariales es posible sin impuestos. En este sentido, es probable que una subvención que incentivase que las empresas a cambiar su forma de proceder pueda lograr resultados parecidos.
Esto puede conseguirse con acuerdos sectoriales que ayuden a cambiar la forma de actuar empresarial. Si el objetivo es no dañar la naturaleza, es probable que un cambio de legislación, una serie de reglas comerciales y de producción, un programa de compromisos, pueda motivar que las decisiones de las empresas cambien con el objetivo de reducir el impacto ambiental negativo que producen y que afecta al equilibrio natural.
Ahora bien, no es tan fácil…
La implantación de cualquier impuesto debe ir acompañado de un baremo. En este caso estamos hablando de algo difícil de valorar como son los costes ambientales. Así pues, lo primero que es necesario hacer es identificar las relaciones que se establecen dentro de los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos. Se trata de valorar el perjuicio que se causa a la naturaleza y comprobar si existen mecanismos naturales que tengan tendencia a mejorar la situación.
En cuanto al diseño de las obligaciones tributarias, es preciso determinar qué actividad, de la cadena de producción de una empresa, repercute negativamente en el medio ambiente: desde el fabricante hasta el proveedor de materiales o las fuentes de energía utilizadas en la producción.
Estos son, al final, los retos del legislador.
Los pequeños cambios pueden ser poderosos
Así es: pequeños cambios en la fiscalidad ambiental pueden derivar en grandes repercusiones empresariales. Quizá nuestro negocio no sea el sujeto pasivo de un nuevo impuesto, pero quizá sí lo sea un cliente, los consumidores, un proveedor e incluso la competencia.
La prioridad de esta acción fiscal es minimizar e incluso eliminar los impactos ambientales perjudiciales y negativos. A nivel internacional y las relaciones que a entre empresas se establecen, puede impactar en toda la cadena de suministros. Esto es cada vez más frecuente en un mundo globalizado en el que se han desdibujado las fronteras. Las relaciones comerciales con empresas a nivel internacional también exigen el cumplimiento de la normativa ambiental y una cierta flexibilidad de adaptación al marco de la fiscalidad verde.
Se trata de una nueva tendencia fiscal que va a imponerse a partir del mes de enero de 2023 y por lo tanto, las empresas deben tener en cuenta el impacto que sus actividades tienen en el entorno y trazar una estrategia que contemple los distintos escenarios de aplicación de la fiscalidad verde.
Por el bien de todos y a favor de la lucha contra el cambio climático.
